El debate sobre la participación del Estado en las empresas de inteligencia artificial ha avanzado con una rapidez asombrosa. Mientras Sam Altman propone ceder voluntariamente un 5 % de OpenAI como vía para suavizar tensiones con la administración de Donald Trump y sumar respaldo político, Bernie Sanders plantea una fórmula mucho más radical: un impuesto único del 50 % sobre las acciones de las mayores empresas de IA para crear un fondo público de 7 billones de dólares que reparta dividendos directos a los ciudadanos. Incluso Donald Trump ha calificado de «muy interesante» la idea de que el Gobierno posea una participación en estas compañías.
La distancia entre el 5 % de Altman y el 50 % de Sanders revela dos filosofías opuestas. Ambos parten de una misma premisa ética: si los modelos de IA se entrenan con el conocimiento colectivo de la humanidad, el público tiene derecho a participar en la riqueza que generan. Pero mientras Altman busca un acuerdo blando que actúe como escudo frente a regulaciones futuras, Sanders exige que el Estado tenga un «asiento real en la mesa», con capacidad de voto para frenar decisiones empresariales perjudiciales para los trabajadores.
El atractivo populista de estas propuestas es evidente. Sin embargo, la historia económica advierte de un riesgo: cuando el Estado entra en el capital de empresas estratégicas, rara vez se comporta como un inversor pasivo. A menudo mezcla objetivos industriales, cálculos electorales, protección del empleo y decisiones que deberían depender del juicio técnico y empresarial.
El caso de Deutsche Telekom es ilustrativo. Tras su privatización en 1996, el Gobierno alemán mantuvo una participación sustancial, directa e indirectamente a través del banco público KfW. Durante años, Alemania quedó rezagada frente a otros países europeos en el despliegue de fibra óptica. Deutsche Telekom apostó durante mucho tiempo por rentabilizar su red de cobre mediante tecnologías intermedias como el VDSL y el vectoring, en lugar de impulsar con mayor decisión la fibra hasta el hogar. Sería excesivo atribuir todo el retraso a la participación estatal: también influyeron la regulación, los costes, la estructura del mercado y la posición dominante de la antigua operadora pública. Pero el caso muestra cómo una empresa heredera de un monopolio estatal puede tener incentivos para proteger infraestructuras existentes y retrasar inversiones más disruptivas.
Airbus ofrece otra lección. Nació como gran proyecto estratégico europeo para competir con la aviación estadounidense. Su éxito demuestra que la política industrial puede crear campeones globales, pero también que la interferencia gubernamental puede complicar las crisis. Durante los problemas del A380 en 2006, las dificultades técnicas e industriales se mezclaron con tensiones entre Francia y Alemania por la distribución de empleos y sacrificios. La política no causó por sí sola la crisis, pero sí agravó una reestructuración ya compleja.
Renault muestra el problema con mayor claridad. En 2015, el Gobierno francés utilizó su participación del 15 % y las leyes de voto doble para bloquear una resolución del consejo respaldada por inversores privados sobre la gobernanza de la empresa. El Estado aumentó temporalmente su peso accionarial para preservar su influencia, provocando tensiones con Nissan y demostrando cómo un gobierno accionista puede anteponer control nacional, empleo e influencia política a criterios estrictamente empresariales.
Estos precedentes no prueban que toda participación estatal sea desastrosa, pero sí revelan una tentación recurrente: influir en la dirección tecnológica, condicionar inversiones, proteger intereses visibles o utilizar la empresa como instrumento político.
En inteligencia artificial, el riesgo es aún mayor. La IA no produce solo coches, aviones o redes de telecomunicaciones; produce textos, recomendaciones, diagnósticos, evaluaciones y sistemas que mediarán nuestra relación con la información. Si el Gobierno se convierte en accionista y regulador al mismo tiempo, la frontera entre poder político y control cognitivo puede desvanecerse. ¿Qué impediría a una administración presionar sobre las directrices éticas, la moderación de contenidos o los resultados de los modelos según sus intereses electorales?
La oferta de OpenAI de ceder un 5 % no debe leerse ingenuamente como filantropía. También puede interpretarse como un intento de comprar paz política ante el escrutinio por la destrucción de empleo, el consumo de recursos, las demandas por derechos de autor y el temor social ante los modelos de frontera.
La inteligencia artificial necesita leyes claras, impuestos transparentes, auditorías independientes, protección de datos, normas de competencia y mecanismos democráticos de rendición de cuentas. Lo que no necesita es un matrimonio de conveniencia en el que el Estado se convierta en juez y parte de la infraestructura cognitiva que definirá el futuro.
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