El pasado 13 de julio de 2026, una advertencia conjunta sacudió los cimientos del pensamiento económico global. Cerca de 200 de los economistas, investigadores y ejecutivos tecnológicos más destacados del mundo —incluidos 16 premios Nobel de Economía— firmaron una breve pero contundente declaración titulada We Must Act Now («Debemos actuar ya»). Su mensaje es claro: la inteligencia artificial podría desatar una transformación económica que superará en escala a la Revolución Industrial, pero a una velocidad tan vertiginosa que nos dejará apenas unos pocos años, y no décadas, para adaptarnos.
Durante décadas, la economía convencional contempló el avance tecnológico con un optimismo histórico, confiando en que la eliminación de algunos empleos eventualmente daría paso a nuevas oportunidades profesionales y equilibrios en el mercado. Hoy, ese consenso se ha quebrado. Economistas de la talla de Daron Acemoglu y Simon Johnson, históricamente escépticos ante los alarmismos, admiten que nos encontramos ante un escenario altamente disruptivo y sumamente costoso para los medios de vida de las personas. Investigadores de la iniciativa advierten que estamos «conduciendo en la niebla», mientras que otros temen que la sociedad no esté lista para el «tsunami» que se avecina. La realidad ya muestra señales preocupantes: reestructuraciones corporativas con miles de despidos en gigantes tecnológicos y una caída anual de más del 4 % en el empleo de jóvenes de entre 22 y 25 años en puestos expuestos a la IA. Además, esta tecnología se ha construido sobre el uso no autorizado de millones de obras protegidas por derechos de autor y datos cosechados directamente del público digital.
Ante este panorama, las herramientas tradicionales resultan insuficientes. Las demandas por derechos de autor son complejas y difíciles de resolver a escala masiva, mientras que los impuestos tradicionales sobre la renta o el consumo son fácilmente eludidos o tardan años en aplicarse a empresas que reportan pérdidas fiscales en sus inicios de rápido crecimiento.
Necesitamos una solución estructural y profundamente democrática: compartir el algoritmo a través de una reforma fiscal inaudita. La propuesta de los académicos Jeremy Bearer-Friend y Sarah Polcz plantea un impuesto revolucionario que obligue a las empresas desarrolladoras de IA generativa a realizar un pago tributario único en forma de participación accionaria (equity), en lugar de efectivo.
Esta copropiedad pública directa sobre la IA aborda simultáneamente las mayores crisis de esta era. En primer lugar, compensa a los creadores y al público en general cuyos datos fueron cosechados sin consentimiento para entrenar los modelos. En segundo lugar, permite que los trabajadores desplazados participen directamente de los beneficios de la tecnología que sustituyó su mano de obra, mitigando la alarmante concentración de riqueza en manos de unos pocos monopolios tecnológicos. Finalmente, otorga al público representación y voz en las juntas directivas de las corporaciones de IA, permitiendo fiscalizar activamente los sesgos algorítmicos que perpetúan la discriminación y equilibrar el desmesurado poder político que los multimillonarios del sector están acumulando.
La historia demuestra que la propiedad pública fraccional de empresas privadas no es una fantasía utópica; ya funciona con éxito a través de fondos soberanos de inversión y fondos de pensiones públicos que gestionan billones de dólares dentro de prósperas economías capitalistas.
Esperar a tener certezas absolutas sobre el impacto de la IA significará llegar demasiado tarde. Ante un tsunami de tal magnitud, no podemos ponernos a improvisar diques de contención cuando el agua ya esté llegando a la sala de juntas. Un impuesto en especie sobre las acciones de las empresas de IA es la vía más viable y justa para garantizar que el futuro tecnológico pertenezca y beneficie a la mayoría de la sociedad, y no a una élite de accionistas.
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